Iniciativa de profesores del IES Joan Ramis de Maó y con el respaldo de la Asamblea de Docentes de las Islas Baleares, se ha lanzado una campaña pública para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos legales de una denuncia contra el diputado del Partido Popular en el Parlamento de las Islas Baleares, Antoni Camps Casasnovas. La acusación se centra en un presunto delito contra «el ejercicio del derecho de huelga, coacciones y amenazas», según se ha comunicado.
La presentación formal de la denuncia está programada para este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Maó, con la representación legal a cargo de la abogada maonesa Cristina Gómez Estévez.
Los organizadores de la campaña se han dado un plazo de 25 días para reunir los 3.500€ necesarios para afrontar el proceso judicial. En caso de exceder la cantidad objetivo, el excedente se destinará íntegramente al fondo de resistencia de la huelga indefinida de docentes.
El origen de la denuncia se remonta a la carta que el diputado A. Camps publicó en varios medios de comunicación baleares en la víspera del comienzo de la huelga educativa. En esa misiva, «además de difamar a la profesión docente y emitir insultos y descalificaciones hacia el colectivo de profesores, como suele hacer habitualmente en sus escritos, amenazaba con identificar por nombres y apellidos a quienes participaran en la huelga, lo cual, según varios juristas, podría constituir un delito». De acuerdo con este colectivo, después de la publicación de dicha carta, el diputado del PP ha reiterado su postura.
Ampliación del Contexto
Este conflicto subraya la creciente tensión entre sectores de la educación y representantes políticos en las Islas Baleares, en un momento en que el derecho a la huelga y la libertad de expresión de los docentes se ve amenazado. La movilización de la Asamblea de Docentes, junto con el apoyo de la comunidad educativa y la sociedad civil, refleja la importancia de defender estos derechos fundamentales frente a lo que perciben como intentos de intimidación y represión.
La situación ha generado un amplio debate sobre el respeto a la autonomía de los profesionales de la educación y la necesidad de garantizar un entorno seguro y libre de coacciones para el ejercicio de la protesta y la crítica constructiva. La respuesta de la comunidad educativa, uniendo fuerzas para proteger sus derechos, envía un mensaje claro sobre la solidaridad y la resistencia frente a acciones que consideran injustas o ilegales.
La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la relación entre el sector educativo y los representantes políticos en Baleares, destacando la importancia del diálogo, el respeto mutuo y la protección de las libertades fundamentales en el ámbito de la educación y más allá.
